La jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns suspendió el decreto 461 que el presidente de la Nación, Javier Milei, dictó el 8 de julio pasado y por cuál disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el gobierno apelará la medida.
La magistrada le ordenó al Poder Ejecutivo “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad“.
Lo hizo al dictar una medida cautelar en una causa que inició el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA). La jueza estableció en seis meses la vigencia de la suspensión del decreto.
La semana pasada, el ministro Gabriel Katopodis apuntó contra el Gobierno tras el cierre de Vialidad Nacional. “Abandonan al país a la deriva del mercado”, afirmó. El relevamiento también analiza las consecuencias estructurales que tendría la decisión.
“Milei, Caputo y Sturzenegger nunca fueron al Cristo Redentor, ni recorrieron la Ruta 40, ni saben dónde está la Ruta 3, que llega al fin del mundo. Cuando uno define construir una ruta, conectar un pueblo con el otro, está diseñando un modelo de país. Está pensando cómo querés que se integre tu sociedad. Acá claramente no hay ninguna idea de país, ni de integración, ni de desarrollo”, afirmó Gabriel Katopodis en declaraciones a Radio Del Plata. El ministro de Infraestructura y Obras Públicas bonaerenses fue enfático al remarcar el desprecio que, según él, demuestra el gobierno de Javier Milei por la planificación territorial.
En un contexto marcado por la corte total de la inversión destinada a obra pública, un informe del Instituto Argentina Grande revela que la calidad de las rutas comenzó a deteriorarse aceleradamente desde que asumió el nuevo gobierno. Según datos de la dirección nacional en 2022 el 54,9 por ciento de las rutas nacionales pavimentadas estaban en buen estado. En 2024, ese porcentaje cayó al 47,5 por ciento. En paralelo, el porcentaje de rutas en mal estado creció del 23 por ciento al 29 por ciento, y las que se encuentran en estado regular pasaron del 22,1 por ciento al 23,5 por ciento. En apenas un año, cerca de un tercio de la red vial nacional quedó en malas condiciones, mientras que menos de la mitad conserva un estado óptimo.
El mismo informe señala que los gastos de capital cayeron en promedio un 82 por ciento en términos reales. Durante el período enero-mayo de 2025, se devengó un 75 por ciento menos que en el mismo lapso de 2023. El dato es consistente con otro indicador clave: en 2023 el gasto de capital fue de 10.321 millones de dólares, mientras que en 2024 se redujo drásticamente a 2.437 millones de dólares. Para alcanzar el nivel del año anterior, faltarían 7.883 millones de dólares adicionales.
El Instituto Argentina Grande agrupa a los equipos técnicos liderados por Katopodis, por fuera de la órbita del gobierno provincial. A través de un informe técnico y político que lleva el nombre “Infraestructura Vial: Milei destruyó cuatro años de inversiones”, el IAG analizó el impacto de la desinversión en infraestructura, particularmente en infraestructura vial, y advirtió sobre las consecuencias estructurales del cierre de Vialidad Nacional y de la política actual de “obra pública cero” a nivel país.
“Una bestialidad. Es definitivamente de las peores decisiones y estrategias que puede tomar un país”, sentenció Katopodis. “Quedarse sin un organismo rector que planifique, que haga obras viales, que construya rutas, que construya caminos, un organismo de 90 años de historia que fue parte de que hoy ningún pueblo de la Argentina esté desconectado es abandonar el país a la deriva del mercado”, añadió.
La relación entre la contracción presupuestaria y el deterioro de la infraestructura es directa, según el estudio del IAG. “La destrucción es más rápida que la construcción”, advierte el informe, al tiempo que alerta que el abandono de las rutas implica no sólo pérdidas económicas sino también mayores riesgos en términos de seguridad vial.
El costo de no hacer nada
Uno de los datos que más llama la atención en el informe se refiere al impacto financiero de la falta de mantenimiento. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el costo de mantenimiento anual de la red vial nacional y provincial es de 4.213 millones de dólares. Pero si esas tareas no se realizan y las rutas se deterioran, el costo de recuperación total asciende a 40.773 millones de dólares. Sólo en rutas nacionales, el gasto necesario para su recuperación ya alcanza los 23.240 millones de dólares.
El informe técnico del IAG señala un ejemplo concreto del impacto de la desinversión: la Autopista Presidente Perón. Esta obra fue prácticamente paralizada. En 2023 se habían devengado 82.801 millones de pesos para su ejecución. En 2024, esa cifra cayó a apenas 3.318 millones de pesos, a precios constantes de mayo de 2025. La obra, por lo tanto, se encuentra virtualmente frenada.
Si bien la autopista ya se encuentra con un tramo habilitado, una vez que sea terminada conectará a todos los accesos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que cruza la autopista Panamericana con el Acceso Oeste, con la autopista Ezeiza-Cañuelas, que continúa en la Ricchieri, con la ruta provincial 58 que a su vez unifica a los barrios de Canning y Ezeiza. Al mismo tiempo buscará descomprimir la salida desde los parques industriales situados a lo largo de la traza y la llegada al Aeropuerto de Ezeiza.
Katopodis fue directo: “A mí me tocó llevar adelante ese ministerio, hacer miles de kilómetros y trabajar con todos los gobernadores. Aprendí que ahí había ingenieros y un saber hacer que al Estado le cuesta mucho construir. Y que ahora, en un minuto, lo desguazan y lo tiran por la ventana”.