Por Belén Patron (*)
En Argentina, en el año 2004, se sancionó la Ley Nacional N.º 25.916 de presupuestos mínimos para la gestión de residuos domiciliarios. Esta norma surgió en un contexto de creciente concientización ambiental, con el objetivo de establecer un marco regulatorio más estricto y ordenado que promoviera una gestión homogénea en todo el país. La ley determinó que su implementación sería obligatoria para provincias y municipios, responsables de llevarla adelante en sus respectivos territorios.
En línea con esta política nacional, la provincia de Buenos Aires sancionó en 2006 la Ley N.º 13.592, que se apoya en tres ejes fundamentales: por un lado, conceptualiza y define qué son los residuos sólidos urbanos y qué implica una gestión integral; por otro, establece las competencias específicas de los municipios; y finalmente, promueve la posibilidad de generar acuerdos regionales para avanzar hacia una gestión provincial más articulada.
Monte: el basural, la educación, la comunidad
Este marco legal sirve para poner en foco la situación actual de Monte. ¿Qué se está haciendo realmente para mitigar el impacto ambiental del basural a cielo abierto? En abril de 2025 se firmó un acuerdo con la CEAMSE para tratar los residuos sólidos urbanos que hoy se depositan en el basural a cielo abierto, en situación de colapso (https://montevivo.com.ar/castro-firmo-un-acuerdo-con-chiqui-tapia-por-la-basura-y-al-municipio-le-costara-1-millon-de-pesos-por-dia/). Sin embargo, este acuerdo parece limitarse a trasladar la basura sin atacar el problema de fondo: no hay políticas locales activas para promover la separación en origen, ampliar los puntos limpios, impulsar campañas de concientización ni trabajar con los comercios para incorporar prácticas responsables.
Hoy Monte tiene contenedores de un único color. No hay forma de distinguir qué residuo va en cada uno. No se informa, no se acompaña, no se educa. Mientras tanto, avanza la construcción de una planta de reciclado, que gestionará una cooperativa local apoyada por la Cooperativa Duilio, de Lezama. Todo esto ocurre sin una ciudadanía preparada ni hábitos instalados. Esa obra corre el riesgo de convertirse en un espacio de trabajo sin planificación eficiente, sin el material correctamente clasificado que debería recibir. Desde hace meses la cooperativa acopia cartón en bolsones colocados al aire libre.
Mientras otros municipios de la provincia avanzan en políticas ambientales innovadoras, como el ejemplificador caso de Laprida, Monte está estancado. Y eso nos habla de una doble crisis: estamos derrotados porque, como comunidad, no exigimos, no nos comprometemos, naturalizamos tirar la bolsa negra sin pensar qué hay detrás de ese gesto cotidiano: nos sacamos de encima la bolsa y también el problema.
Algunas personas celebraron que el Municipio desalojó a un vecino recuperador que vivía al costado de la terminal de ómnibus, sin preguntarnos qué función social cumplía ni qué condiciones de vida tenía. https://montevivo.com.ar/quien-es-leo-el-reciclador-al-que-desalojaron-con-un-tractor-mientras-dormia/
También estamos atrasados, porque quienes ejercen el gobierno no demuestran voluntad política para transformar esta realidad. Prefieren generar contenido para redes sociales —vacío, de maquillaje— pero sin un verdadero cambio detrás.
El despertar ambiental no se impone. Pero el cambio climático y la crisis de residuos ya no nos dan margen: o nos involucramos todos, o el atraso seguirá acumulándose como la basura que nadie quiere mirar.
(*) La autora es especialista en Gestión del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Avellaneda) y formó parte del equipo técnico del Ministerio de Ambiente del Gobierno Provincial.