Por Fernando Piñeiro (*)
Desde que los pueblos nómades han decidido asentarse en comunidad han acordado normas de convivencia que determinaron conductas, priorizando el bien común sobre el beneficio personal. Así, con el trascurrir del tiempo estos acuerdos tácitos fueron plasmados en reglas que garantizaron por un lado la propiedad privada, pero por otro que el uso y utilización del terreno no impidieran el desarrollo comunitario. Son de antigua data normas como “el camino de sirga”, “el foro” y la “plaza pública”.
Desde el asentamiento de las primeras aldeas, pasando por la ciudad medieval, llegamos a las modernas metrópolis, siempre se han fijado normas de uso y ocupación del suelo, pasando por etapas autoritarias y tendiendo a otras en las que la participación ciudadana ha sido cada vez más considerada. Las ciudades modernas tienen el desafío de incluir gran variedad de actividades y usos, las que, por supuesto deben tener su espacio, pero hay que comprender que en su ubicación y uso no son las únicas, sino que se insertan en una comunidad en la que deben convivir.
Evidentemente esta complejidad de usos y actividades nos pueden llevar a una primera reacción de clasificarlas y separarlas completamente. Así por ejemplo si decidimos agrupar las actividades industriales, de servicios y de elaboración al parque industrial no mandaríamos allí a las gomerías, bicicleterías, lubricentros y panaderías; nada más lejos del sentido común. Entonces solo queda regular las condiciones para que cada actividad pueda o no convivir según su actividad e impacto en la sociedad.
Dentro del uso residencial también existen factores que determinan la ocupación del lote privado, el que no está exento de cumplir pautas que hacen a la relación con linderos, con el espacio público y además garanticen condiciones mínimas de habitabilidad (iluminación, ventilación, hacinamiento, etcétera) que hacen nada más ni nada menos que a la calidad de vida.
Los asentamientos humanos dejan una huella imborrable en el lugar donde se localizan, situación esta que debe ser considerada tomando conciencia y aprovechando los impactos positivos que producen y corrigiendo y mitigando los negativos que acarrean.
Cabe preguntarse si la ciudad de San Miguel del Monte, cabecera del partido de Monte, puede seguir creciendo como una mancha de aceite, con las dificultades de abastecimiento, de infraestructura, accesibilidad y seguridad entre otras condiciones, o no convendrá permitir la densificación controlada de las áreas servidas antes de generar nuevas.
El desarrollo de toda esta introducción tiene un justificativo: señalar la importancia de contar con un código de ordenamiento urbano. Mientras tanto y como ocurre en Monte desde el punto de vista urbano ambiental el municipio es “tierra de nadie”; crece por generación espontánea sin control por parte del Municipio, con normas enunciadas pero no exigidas (cartel de obra, plano aprobado previo a su ejecución, falta de cuerpos técnicos para control y seguimiento de obras, etcétera).
Sobre el código en cuestión
El Municipio de Monte contrató con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la realización del citado código, que tiene su parte físico-ambiental y la consulta a algunos organismos de la comunidad para conocer sus reclamos y expectativas. Falta la consulta de otras instituciones enumeradas pero no convocadas aparentemente y el relevamiento de los distintos barrios que ni siquiera están nombrados, trabajo de campo indispensable para conocer la situación de la que se parte.
El código resultante no ha sido puesto a consideración de los entes previamente consultados ni de los que falta consultar para saber qué consenso tienen. Una vez que eso ocurra, es seguro que no se pueda cumplir con todas las expectativas. Será objeto de ajustes que contemplen la mayor cantidad de requerimientos y se partirá de un acuerdo general.
No es fácil para el común de los vecinos comprender el alcance e importancia de un código como el que se está generando en Monte, hasta que siente que sus derechos están vulnerados y comienza a buscar respaldo a sus reclamos, pero no se puede soslayar la participación de los organismos profesionales con incumbencia en la arquitectura y urbanismo, principales actores en las decisiones a tomar y responsables de las mismas por acción u omisión en la norma a dictar.
Como el partido de Monte tiene partidos vecinos, el citado proyecto de código debe ser previamente convalidado por la provincia de Buenos Aires, porque sus usos linderos a otros partidos pueden afectarlos (zona industrial lindera a zona residencial, por ejemplo), además deberá verificar el cumplimiento de normas provinciales (Ley 8912).
Este proyecto que se encuentra actualmente en “cronoterapia” debería cumplir con condiciones, informes y pasos previos a su aprobación además de un profundo análisis previo a su consideración definitiva. Una norma aprobada en estas condiciones perdurará en el tiempo, con las modificaciones que la evolución del partido vaya dictando, pero nos dará la tranquilidad de sentirnos iguales ante la Ley.
Fernando Piñeiro Bengoa (*) es vecino de Monte, arquitecto, Matricula 6445 del CAUBA, organismo del que también fue consejero. Estuvo a cargo de la Dirección de Obras Particulares, Ordenamiento Urbano y Catastro del Municipio de General San Martín y colaboró en la elaboración del Código de Planeamiento Urbano actualmente vigente en ese partido del conurbano bonaerense.
Deja un comentario